El político y empresario Pablo Crespo (Pontevedra, 64 años), condenado a penas que suman más de 70 años de cárcel por el caso Gürtel, aún tiene que sentarse en el banquillo en dos causas más de corrupción. El que fuera secretario de organización del PP de Galicia, número dos de aquella red y, ahora, colaborador de la justicia, lleva desde el verano cumpliendo condena en un régimen de semilibertad que le permite no tener que ir a prisión ni a dormir. En su tobillo derecho lleva el dispositivo de control telemático que Instituciones Penitenciarias le ha colocado para cerciorarse de que cumple las restricciones a su libertad que aún pesan sobre él. Mientras, trabaja en el bufete de Miguel Durán, el abogado que, junto a su propia hija, Margarita Crespo, lleva su defensa. Durante su estancia en prisión ha participado en varios programas de reinserción. Entre ellos, el Programa de Intervención en Delitos Económicos (Pideco), dirigido a, entre otros, los presos de corrupción. Lo alaba, pero también incide en que faltan medios para extenderlo. “No es fácil reconocer que has cometido un delito solo por ambición, por codicia o por tener más dinero”, asegura. Él es uno de los 464 presos que ya lo han seguido desde que el Ministerio del Interior lo pusiera en marcha en 2021. Otro ha sido el extesorero del PP Luis Bárcenas, a quien un juez acaba de conceder la libertad condicional por, entre otros motivos, haberlo hecho. Crespo aspira a acceder a esa misma libertad dentro de un año.
