El Gobierno ha decidido poner toda la carne en el asador para renovar el concierto que Muface mantiene con las tres aseguradoras privadas que facilitan asistencia sanitaria a 1,5 millones de funcionarios públicos, fundamentalmente enseñantes y trabajadores de la Administración central. El Consejo de Ministros aprobó este martes una autorización presupuestaria para incrementar la cuantía del actual convenio en un 33,5%, porcentaje muy superior al 17% que ofreció inicialmente y que motivó que el concurso quedara desierto por desistimiento de las tres aseguradoras que vienen prestando el servicio: Adeslas, Asisa y DKV. Las empresas alegaron que en los dos últimos años habían perdido 600 millones de euros y consideraban que el importe por asegurado que ofrecía el Ministerio de Función Pública, del que depende Muface, era insuficiente para cubrir los costes. La pelota está ahora en el tejado de las aseguradoras, pero todo parece indicar que el nuevo convenio puede salir adelante. Como contrapartida, el Ejecutivo quiere que su vigencia sea de tres años en lugar de dos como hasta ahora, con una dotación total de 4.478 millones de euros.
