El pasado 13 de noviembre el pleno de la sala de lo social del Tribunal Supremo estableció que las empresas no pueden despedir disciplinariamente a un empleado sin darle la posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra él. El tribunal modificó su propia doctrina, establecida en la década de los 80, basándose en la necesidad de aplicar normativa recogida en un convenio de la Organización Internacional del Trabajo. Así lo había establecido la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Baleares en una sentencia en la que consideró improcedente el despido de un profesor porque no se produjo una audiencia previa para rebatir los argumentos del empleador. La entidad para la que trabajaba el docente recurrió el dictamen en casación ante el Supremo, que ahora ha sentado jurisprudencia sustituyendo una doctrina que venía aplicando desde hace 40 años.
