La Abogacía del Estado considera que la ley de amnistía persigue “resolver lo que el propio legislador considera un conflicto político planteado por el proceso secesionista” y en este sentido se acuerda con la finalidad de lograr “la normalización política y social en Cataluña”. Así se expone en el informe que la Abogacía ha enviado al Tribunal Constitucional para oponerse al recurso del PP contra la citada ley. Los servicios jurídicos del Estado sostienen que “no se puede negar al poder legislativo la iniciativa y aprobación de una ley orgánica que tenga como finalidad amnistiar determinados actos merecedores de responsabilidad penal, administrativa o contable, con un propósito definido, no arbitrario, como es propiciar la vuelta a un contexto social, político e institucional que fomente la estabilidad económica y el progreso cultural y social tanto de Cataluña como del conjunto de España, sirviendo al mismo tiempo de base para la superación de un conflicto político”.
