La derrota del Gobierno de coalición para prorrogar el impuesto (gravamen extraordinario) a las compañías energéticas ha puesto al descubierto la nada sorprendente coincidencia de intereses entre las distintas familias de la derecha; el Partido Popular, los independentistas catalanes de Junts y los nacionalistas vascos del PNV. Un impuesto que se aprobó en 2022 para gravar las ganancias extra caídas del cielo por la subida de los precios a consecuencia de la guerra de Ucrania. Y los beneficios han seguido creciendo en 2023 y 2024. La novedad esta vez ha sido la argumentación empleada: asegurar las inversiones de las compañías. Una nueva versión del repetido falso mantra sobre las infinitas bondades que genera bajar los impuestos.
